Congreso de la República pretende se apruebe ley en favor de maestros no capacitados.
Ayer el Congreso de la República ha hecho lo que no deberíamos hacer los peruanos, ir contra del desarrollo de la Educación en nuestro país, aprobó por mayoría, un proyecto de ley que plantea la reincorporación de más de 14 000 docentes interinos -nombrados sin título profesional- que fueron cesados en el 2014, luego de no asistir a la evaluación o ser desaprobados en ella.
El Congreso de la República indica en su cuenta de Twitter, las bancadas rechazaron la cuestión previa para que el proyecto retorne a comisión y aprobaron en primera votación “el texto sustitutorio del PL 2312, y otros, que promueve el ingreso a la Carrera Pública Magisterial de los docentes nombrados interinamente durante la vigencia de la Ley 24029 y que fueron cesados por aplicación de la RSG 2078-2014”.
Así, el proyecto de ley tuvo 107 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. Asimismo, después de unos minutos, se decidió exonerarlo de una segunda votación, por lo que quedó listo para ser enviado al Ejecutivo.
Al respecto opinaron tanto la exministra de Educación, Flor Pablo, como el director de la Dirección Técnica Normativa de Docentes del Minedu, Carlos Silva. “Esta es una falta de respeto a miles de maestros que se preparan, hacen carrera y creen en la Reforma Magisterial. Comprendo que todo docente necesita ejercer la carrera y tener oportunidades, pero este no es el camino. ¿No sería mejor explorar otras formas de evaluar su situación y plantearles un examen especial?”, manifestó, Flor Pablo.
“La representación parlamentaria le ha jugado en contra a los estudiantes del Perú, lo que ha sucedido es un atentado contra los estudiantes que tienen derecho de tener a los mejores profesionales de la educación como su profesor o su profesora y esto es un contrasentido a todos los grandes esfuerzos que se vienen haciendo todos estos años por mejorar de la calidad de la educación”, declaró Silva.
Ley de Reforma Magisterial
La Ley de Reforma Magisterial aprobada en noviembre del 2012 por el Congreso de la República, establece una carrera docente basada en el mérito, cuyo objetivo principal es promover el desarrollo profesional de los docentes, brindando mayores beneficios y mejores condiciones laborales como eje clave para mejorar la enseñanza de la educación en nuestro país.
El Congresista Gino Costa del Partido Morado se pronunció sobre la constitucionalidad de la Ley de Reforma Magisterial, manifestando lo siguiente: “En el 2015, los docentes interinos presentaron diversas acciones ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional y ambas instituciones desestimaron estos procesos y acreditaron la constitucionalidad y legalidad de la Ley de Reforma Magisterial, que dictó una evaluación para ellos”.
Por su parte el titular de la Dirección Técnica Normativa de Docentes del Ministerio de Educación, Carlos Silva, manifestó que: “Se han presentado demandas de inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Magisterial, Ley No. 29944, los años 2013, 2014 y 2015, ese último año el Tribunal Constitucional declaró la improcedencia de las demandas presentadas y declaró la constitucionalidad de la Ley de Reforma Magisterial en todos sus extremos, incluida todas las evaluaciones y esta que se contemplaba a los profesores que ocupaban plazas en el servicio de manera interina. Posteriormente los profesores que se han visto afectados han acudido al poder judicial y en la mayoría de los casos le ha dado la razón al Sector Educación y ratificado la legalidad de la evaluación, con lo cual lo que ha sucedido ayer no solo atenta contra los estudiantes y la calidad, sino contra sentencias judiciales y la sentencia del Tribunal Constitucional donde reconoce la constitucionalidad de la Ley, con lo cual la seguridad jurídica nuevamente se pone en cuestión”.
Hay más en el Congreso
Se espera que el proyecto de ley aprobado ayer jueves sea observado por el Ejecutivo. Sin embargo, no es el único proyecto de ley que causa controversia. En la agenda del Pleno también hay uno que propone restituir a más de 10 mil directores y subdirectores cesados por no aprobar una evaluación nacional.
